(PERÚ).-Según un informe de la consultora RBC Capital Markets presentado en la cita minera, el 12% de los potenciales proyectos de cobre a nivel global están en Perú, en segundo lugar, detrás de Chile, el mayor productor mundial de metal rojo.
En ese sentido, el país es el mayor productor mundial de estaño y zinc, el segundo de cobre y plata, el tercero de teluro y bismuto y el sexto de oro, y ocupa posiciones de liderazgo mundial en indio, selenio, hierro y molibdeno. Eso explica que en los 10 últimos años hayan llegado hasta 600.000 millones de dólares en inversiones para el sector.
El último informe de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Consejo de Ministros afirma que, en los que va de año y hasta finales de abril, se contabilizaron 118 casos de conflictividad activos en el país, de los que nueve tienen la etiqueta de «crisis».
El proyecto Las Bambas, de la china MMG Limited, produce el 2% del cobre del mundo y está inoperativa desde hace más de dos meses por un bloqueo de comunidades locales.
Pero Las Bambas es apenas uno más de los conflictos sociales derivados de la minería. De hecho, según la Defensoría del Pueblo, cerca de 60% de los 209 conflictos registrados en la actualidad tienen que ver con esa actividad, que le representa al país 10% del Producto Bruto Interno (PBI), 20% de los ingresos fiscales y 60% de las exportaciones.
Según Bloomberg, esta situación se da en medio de un momento clave para los precios de materias primas como el cobre, que ha subido de forma importante y cuya alta demanda beneficia a países exportadores como Perú y Chile desde el 2021. Y en ese escenario diversos especialistas y empresarios están advirtiendo del impacto a mediano y largo plazo que la situación actual puede generar para la industria minera peruana, clave para la actividad económica del país andino.
La tensión en la industria está erosionando y crispando el ambiente en el marco de los conflictos sociales, muy ligados la mayoría a la extracción de recursos.
Cabe recordar que, tiempo atrás, se logró resolver el conflicto entre una comunidad y la mina de Cuajone en Moquegua, operada por Southern Perú, cuya producción mensual de cobre representa el 0,5% del PBI de Perú. Cuajone estuvo paralizada por más de 50 días en los que la comunidad que protestaba cortó el suministro de agua para el campamento minero, en donde habitan más de 5.000 personas.
El último informe de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Consejo de Ministros afirma que, en los que va de año y hasta finales de abril, se contabilizaron 118 casos de conflictividad activos en el país, de los que nueve tienen la etiqueta de «crisis».
Las cifras del informe muestran que el 57 % de los conflictos en Perú están relacionados con la minería, a lo que suma otro 3 % con la minería ilegal, en un país en el que el 10 % de su PIB depende de este sector.
No es el único, pero el conflicto en la gran mina de cobre de Las Bambas, que lleva años en curso y que enfrenta los intereses de las comunidades de la zona con la empresa MMG es el más intenso. Ese yacimiento produce el 2 % del cobre mundial y su operación está paralizada desde el 20 de abril.
Además de la minería, la extracción de otros recursos centra parte de la tensión social. El 10 % de los conflictos están relacionados solo con los hidrocarburos y, muchas veces, estos son socioambientales; es decir, tienen un impacto en las comunidades y en los ecosistemas.
Uno de los nueve conflictos catalogados en el nivel de «crisis» es el vivido en abril en plena selva amazónica, en el departamento de Loreto, donde un lote de la empresa Pluspetrol enfrenta a las comunidades de la zona con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas por la gestión entre la compañía y el Ejecutivo.
Además, la conflictividad social en Perú está asociada a la ausencia de sindicatos, organizaciones, federaciones o asociaciones formales y fuertes que representen de forma lícita los intereses de trabajadores, comunidades o colectivos.
Este hecho no solo dificulta y ralentiza la gestión de los conflictos, sino que empuja a que actores informales puedan aprovecharse de la situación. Es un fenómeno que impulsa a que personas externas se acerquen a los conflictos para asesorar o guiar a las comunidades o pequeñas agrupaciones informales y así obtener beneficios económicos.
Un factor que, sin duda, agrava la situación es el continuo cambio de gobiernos y ministros, así como el reemplazo de altos funcionarios y responsables de distintas instituciones, lo que provoca que la gestión de los conflictos no tenga un seguimiento sólido y las negociaciones cambien de interlocutores continuamente.
Casi todos los proyectos peruanos están en zonas andinas históricamente pobres, que votaron en su mayoría por Castillo y que reclaman con protestas mayores beneficios de las minas.
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