(ARGENTINA).- La aplicación de un gravamen a la «renta inesperada» sería para aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias a partir del aumento de los precios internacionales derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Según el Palacio de Hacienda, la medida solamente afectaría a una porción muy pequeña de las empresas: en 2021 le hubiera correspondido pagarla a un 3,2% de las compañías totales.
Los criterios para la imposición de la alícuota incluyen que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa en 2022 respecto a 2021. Esas ganancias deberían ser superiores a los $1.000 millones en el año, aunque no se determinó aún con precisión cómo se contabilizarán esas ganancias. Además, se incluirá un parámetro para que, si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, la alícuota será menor.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que, para ser alcanzado por la medida, «la ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado de forma significativa en 2022 en relación con 2021″ y «el resultado ordinario (el margen de ganancia) también tiene que ser anormalmente elevado en 2022».
La intención pasaría por favorecer la concreción de las inversiones mineras en las distintas provincias, que tuvieron grandes anuncios en los últimos meses pero que todavía no se llevaron a cabo.
El gobierno nacional está evaluando excluir a las empresas mineras del proyecto. Fuentes del gobierno señalaron a EconoJournal que están analizando sacar a esas organizaciones del listado que alcanzará la iniciativa. La intención pasaría por favorecer la concreción de las inversiones mineras en las distintas provincias, que tuvieron grandes anuncios en los últimos meses pero que todavía no se llevaron a cabo.
Según estimaciones de la Secretaría de Minería, a cargo de Fernanda Ávila, el sector exportó en 2021 por un total de US$ 3.221 millones. La producción minera representó casi el 0,7% de la participación en la economía del país.
Las ventas al exterior el año pasado fueron similares a las de 2019, que registraron US$ 3.226 millones, y superiores a los US$ 2.600 millones de 2020. Los registros de los últimos cinco años todavía se encuentran lejos de 2012, cuando la minería argentina exportó US$ 4.883 millones, el mejor año desde 1998, según lo que muestra el nuevo Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM).
Antecedentes
En 2021, los ministros de Finanzas del G7 (Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) alcanzaron un acuerdo para fijar las bases de un nuevo sistema fiscal internacional, mediante la instauración de un impuesto mínimo global del 15% para las grandes corporaciones multinacionales.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también respaldó la creación de un aumento de los impuestos sobre el “exceso” de las ganancias de las empresas, como propone el Gobierno. En el marco de la reunión del Fondo y el Banco Mundial, el organismo presentó un documento en que asegura este instrumento puede ser utilizado en forma temporal para paliar situaciones de crisis.
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Voces en contra
La iniciativa que busca cobrar renta inesperada ya fue cuestionada por cámaras empresarias. “La Argentina debe volver a retomar la senda del desarrollo económico y social sostenible. Para elloresulta esencial generar las condiciones para que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan concretar inversiones que generen empleo y hagan crecer la producción y las exportaciones. La creación de nuevos impuestos -como el recientemente anunciado ‘impuesto a la renta inesperada’- va en la dirección opuesta a lo señalado. En la Argentina ya están en vigencia 165 impuestos y la carga tributaria sobre el sector formal de la economía es muy elevada y ha crecido fuertemente en los últimos 20 años, superando holgadamente el promedio de la región”, señaló la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
Además, horas después del anuncio de Guzmán representantes sectoriales y regionales de la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestaron su preocupación por la creación de una alícuota adicional. En la reunión de la Junta Directiva de la entidad se analizó “cómo afectará a la inversión un nuevo incremento en la presión tributaria sobre el sector formal de la economía y el impacto negativo que tendrá en la actividad y el empleo”.
