(COLOMBIA).- La Taxonomía Verde Colombia incorpora definiciones orientadas a apoyar a diversos actores públicos y privados, tales como emisores de bonos, inversionistas, instituciones financieras, entidades públicas, entre otros, en la identificación de inversiones que puedan ser consideradas como verdes o sostenibles.
La iniciativa contó con el apoyo del Climate Bonds Initiative, organización internacional que trabaja para movilizar capital global hacia acciones climáticas, y de la Red de Banca y Finanzas Sostenibles (SBFN), que es una plataforma única de reguladores y asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible bajo la coordinación de la IFC.
La Taxonomía Verde facilita además la identificación de proyectos con objetivos ambientales, desarrolla los mercados de capitales verdes e impulsa la movilización efectiva de recursos privados y públicos hacia inversiones que permitan cumplir con los compromisos del país priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Convenio Marco de Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros.
Cabe señalar que uno de los compromisos fundamentales del Acuerdo de París -tratado internacional sobre el cambio climático firmado por Colombia en 2015- es precisamente la elaboración de una taxonomía verde para 2030.
Como resultado del compromiso de aumentar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 20% al 51% para 2030, que es uno de los objetivos más ambiciosos de América Latina y el Caribe, Colombia es hoy una nación líder en el contexto de los mercados emergentes.
Se espera que la meta del 51% detone un cambio mayúsculo que afectará a todas las industrias de la economía colombiana a lo largo de la década.
Al respecto, Makhtar Diop, Director Gerente y Vicepresidente Ejecutivo de la IFC, afirmó: “El cambio climático es el desafío crucial de nuestro tiempo, y el mundo debe aumentar rápidamente la financiación para inversiones sostenibles. Las pautas que brindan claridad a los inversionistas, como la Taxonomía Verde de Colombia, son un componente crucial de ese esfuerzo”.
“En IFC, creemos que las finanzas verdes, basadas en estándares verificables, son clave para impulsar el cambio. Estamos orgullosos de trabajar con Colombia en el establecimiento de estándares ambientales sólidos que son un ejemplo para la región”, agregó Diop.
En la construcción de la primera fase de la taxonomía verde también participaron entidades como el Ministerio de Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el fin de cumplir las estrategias y las políticas trazadas por Colombia en materia de sostenibilidad.
“Hoy presentamos el resultado de un trabajo importante de articulación entre los diferentes participantes en el desarrollo de la primera fase de la Taxonomía verde de Colombia. Esta taxonomía es, sin duda, un ejemplo de nuestro compromiso con las finanzas verdes y el instrumento para que la industria aproveche una oportunidad sin precedentes para redefinir la forma en la que las finanzas persiguen objetivos más amplios y metas más ambiciosas en la construcción de una sociedad más verde e inclusiva”, destacó el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez.
Antecedentes de Colombia verde
El país logró el pasado 31 de marzo, el premio ‘Bono Verde del año 2022’, en la categoría Soberano, otorgado por la publicación Environmental Finance.
Colombia obtuvo el galardón «después de recaudar $750.000 millones de su primer billete verde mejorado en septiembre de 2021, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en emitir un bono verde en su mercado interno», destacó la revista financiera.
El histórico bono verde a 10 años convirtió a Colombia en el segundo país latinoamericano en emitir un bono verde, luego de que Chile iniciara su prolífico programa internacional de bonos verdes en 2019.
Al celebrar el premio, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, detalló que «esta emisión de bonos la hicimos en el semestre pasado, por $1,5 billones. Fuimos el primer país de América Latina en hacerlo en moneda local».
América latina y empresas verdes
Muchas empresas de la región se aggiornan a la tendencia de sustentabilidad y muchas captan recursos en base a criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).
En septiembre de 2021, Agrícola Grupo Cerro Prieto, una de las agroexportadoras más importantes de Perú, accedió a su primer crédito sostenible por un valor de US$ 160 millones.
Por su parte, el banco peruano Interbank obtuvo su primer financiamiento vinculado a la sostenibilidad, logrando certificar nuevos créditos por un total de US$ 120 millones.
En la transacción también participaron el BID Invest y el BBVA, que aportaron US$ 50 millones cada uno. Interbank desembolsó los US$ 60 millones restantes. Pero más allá de los beneficios que traerá este crédito para la agroexportadora peruana, es importante ver que poco a poco son cada vez más las empresas, bancos y multilaterales que apuestan más por la financiación sostenible.
José Luis Vilela, Head Enterprise of Products de BBVA en Perú, agrega: “En la región existen muchos países que se encuentran en vías de desarrollo, como es el caso de Perú. Al ser un país emergente, se encuentra en proceso de industrialización y transformación, surgiendo grandes oportunidades de desarrollar un crecimiento sostenible”.
El ejecutivo comenta que el BBVA fue el primer banco en Sudamérica en desembolsar un préstamo verde en 2018, otorgado a la multilatina Ferreyrcorp, corporación especializada en el rubro de bienes de capital y servicios complementarios. Hoy el banco cuenta con productos verdes vinculados a proyectos inmobiliarios, fondo de inversión sostenible, leasing sostenible, tarjetas dirigidas a colectivos vulnerables, factoring sostenible, financiamiento de vehículos eléctricos e híbridos, entre otros.
En tanto, en abril de 2021, la entidad financiera y el Grupo Argos celebraron el primer crédito atado a indicadores de equidad de género y cambio climático en Colombia por COP 392.000 millones (cerca de US$ 103 millones). En julio, hizo lo propio con Movistar por un monto de COP 500.000 millones (US$ 131 millones, aproximadamente). En este caso, los criterios a evaluar fueron eficiencia energética en la red de telefonía y ciberseguridad en sus procesos, y la participación de mujeres en la alta dirección.
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