(ARGENTINA).-El directorio del BCRA dispuso explícitamente que “no podrán realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos y aquellos cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que esos registren, que no se encuentren regulados por autoridad nacional y autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.
En un comunicado al respecto, explicó que con la prohibición procura “mitigar los riesgos asociados a las operaciones con estos activos que podrían generar para las personas usuarias de servicios financieros y para el sistema financiero en su conjunto”.
Desde el Central dejaron trascender que los bancos que incursionaron en la oferta de criptomonedas a través de su homebanking lo hicieron aprovechando una “zona gris” que había en la normativa oficial.
Ya en mayo de 2021, junto a la Comisión Nacional de Valores (CNV), había publicado un alerta sobre las “eventuales implicancias y riesgos que las operaciones con criptoactivos pueden acarrear” en el que recomendaba “una actitud prudente a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para las personas usuarias e inversores”.
Criptomonedas se abren paso en Argentina
Antecedentes en la región
Este año, el Banco Central de Bolivia (BCB), entidad responsable de las políticas monetarias que rigen en el país sudamericano, se pronunció en relación al uso y comercialización de criptomonedas dentro de la nación, indicando que estas estaban totalmente prohibidas a nivel local.
En sí, a razón de evitar riesgos y fraudes para toda la población local, el BCB determinó a través de la Resolución de Directorio 144/2020 prohibir a las entidades financieras el uso, comercialización y negociación de criptoactivos a través del sistema de pagos nacional, esto al no figurar como monedas de curso legal en el país sudamericano.
En 2018, la Cámara Uruguaya de Fintech creó una Comisión de Criptomonedas cuyo objetivo era desarrollar un marco regulatorio específico para el sector y crear un espacio de debate sobre las posibilidades que traían los criptoactivos.
Para el 2021, el Banco Central de Uruguay (BCU) publicó un comunicado donde aseguró que durante ese año tuvo un grupo de trabajo dedicado a estudiar el tema. Como resultado y mediante su programa de innovación financiera, Nova BCU, se publicó un documento que prepara el terreno para una regulación.
En la hoja de ruta se definió a un activo virtual como representación digital de valor o derechos contractuales que puede ser almacenada, transferida y negociada electrónicamente mediante tecnologías de registro. No obstante, la regulación no recaería sobre el activo, sino en los múltiples servicios que lo involucran. Es decir, el foco principal estaría puesto en las actividades comerciales que se generan en torno a los activos virtuales.
El gigante sudamericano es de los países más avanzados de la región en este tema. De hecho, está en vías de convertirse en el regulador de bitcoin más grande de América Latina.
En Brasil existían cuatro proyectos de ley para la regulación de las criptomonedas que tenían en común la obligación de cumplir con la Ley de Lavado de Dinero (AMI) y aplicar el Código de Protección al Consumidor.
En 2018, México sancionó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech. Esta obliga al Banco de México a emitir la regulación correspondiente respecto a las criptomonedas y al sistema financiero. De este modo, se decidió que las instituciones financieras no pueden trasladar sus operaciones ni los riesgos de estos instrumentos al usuario final. Solo pueden hacer uso de esta tecnología para el manejo interno.
No obstante, la ley tampoco restringe a los proveedores de servicios con criptoactivos. Estos pueden operar como una actividad vulnerable siempre que se registren en el Sistema de Administración Tributaria y reporten a la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar el lavado de activos.
El caso de México resulta ser un gris, pues no hay una ley que regule las criptomonedas directamente, aunque varios senadores y políticos locales lo han propuesto y exigido al denunciar que el narcotráfico está pasando sus ganancias a criptomonedas.
En diciembre del 2021 la Cámara de Senadores del Paraguay aprobó un proyecto de ley que busca regular las actividades con cripotmonedas en el país. El objetivo es garantizar la seguridad jurídica, financiera y fiscal de los negocios vinculados a dichos activos. Si se aprueba, las compañías que operen con criptas tendrán que figurar en el Registro de proveedores de activos virtuales.
Asimismo, el proyecto incluye a la minería (creación) de criptomonedas y la define como una industria digital innovadora que podría recibir incentivos estatales. La propuesta todavía debe ser tratada en la Cámara de Diputados y pasar al Poder Ejecutivo.
El Congreso de Perú debate el proyecto de Ley Marco para la Comercialización de Criptoactivos que propone la creación de un registro público de proveedores de servicios cripto y la obligación de reportar “operaciones sospechosas” a la Unidad de Inteligencia Financiera.
El proyecto deja en claro que las criptomonedas no serían consideradas monedas de curso legal como en El Salvador.
Guillermo Avellán, gerente del Banco Central de Ecuador, aseguró que la entidad regulará la actividad con criptomonedas durante el primer trimestre del 2022. El objetivo sería delimitar el campo de acción para evitar delitos como estafas y lavado de activos.
La Superintendencia Financiera de Colombia aprobó una sandbox regulatoria. Las sandbox son espacios controlados donde se realizan pilotos de nuevos modelos de negocios que aún no están regulados. El objetivo es experimentar y estudiar una regulación para los criptoactivos.
El senador chileno Karim Bianchi presentó el proyecto de ley Bitcoin. El objetivo tiene que ver con responder a una necesidad que el ecosistema viene pidiendo hace mucho: crear un ambiente seguro que proteja a todos los actores. Tanto a los dueños e intermediarios financieros como las personas que interactúan en el mercado de monedas digitales.
La Ley Bitcoin dicta que es el Banco Central de Chile quien tiene la responsabilidad de regularlas. Además, tiene como objetivo fortalecer a la Unidad de Análisis Financiero para la lucha contra el lavado de dinero. Asimismo, exige conocimiento a los especialistas que vendan el producto por lo que tendrán que capacitarse. Esto será excluyente.
Panamá busca con un proyecto de ley Cripto regular bitcoin y ether, las dos monedas más utilizadas en el mercado digital. Allí, se establece que los criptoactivos serían un método de pago global alternativo para cualquier operación civil o comercial de Panamá.
En 2018, Venezuela sancionó el Decreto Constituyente de Criptoactivos para regularlos. De este modo, el Estado venezolano comenzó su camino hacia un marco regulatorio para controlar las monedas digitales. Además, creó el token Petro, que se convirtió en el primer criptoactivo creado por un Estado.
En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en aceptar el bitcoin como moneda de curso legal. Todo un hito. De este modo, la legislación habilita que los comerciantes y los consumidores puedan adquirir bienes y servicios utilizando el bitcoin como moneda legal.
