Hace 13 años, la reforma eléctrica de México genera controversias. Entre agosto y diciembre de 2013, el Congreso de la Unión debatió y luego aprobó una Reforma Constitucional que autorizaba la inversión privada y extranjera en la cadena de valor del sector energético por primera vez en 75 años. En agosto de 2014, el Congreso aprobó una legislación secundaria o de implementación y se creó un nuevo marco legislativo y normativo que ha permitido la igualdad de condiciones para todos los participantes del sector. Desde entonces, México ha experimentado una profunda y rápida apertura de sus sectores de petróleo, gas y electricidad, así como intentos de reformar la compañía petrolera nacional, Pemex, y la empresa nacional de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según el Poder Ejecutivo, México, al igual que muchos otros países con abundantes recursos naturales, sustenta en gran medida su desarrollo económico y social en la riqueza energética. Sin embargo, el sector petrolero mexicano enfrenta retos considerables y urgentes por atender, entre los que se encuentran la caída de la producción y la necesidad de mayor inversión a nivel industria.
A pesar de invertir más en exploración y extracción de petróleo y gas natural, la producción de petróleo pasó de 3.4 millones de barriles diarios en 2004, a 2.5 millones de barriles diarios en 2013. Con respecto al gas natural, en 1997 México era prácticamente autosuficiente, pues sólo importábamos 3% del consumo nacional. En la actualidad importamos 30% del gas natural que consumimos en el país.
En ese marco, a finales de septiembre al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que la empresa estatal CFE domine el mercado de generación en el país, lo que ha generado la oposición frontal de las patronales.
Andrés Manuel López Obrador respondió este lunes que los que se oponen “son un puñado de empresas que se sentían dueñas de México” durante el Gobierno anterior.
“Si no se hace la reforma a la Constitución, estas empresas terminarán por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo que está sucediendo en España, que las tarifas de la luz están por las nubes”, alertó el presidente.
En ese sentido, el presidente busca reformar la Constitución de manera que solo el 46% de la generación eléctrica del país esté en manos de empresas privadas, en comparación con el 62% que aportan actualmente. El Gobierno busca hacer de la empresa del Estado Comisión Federal de Electricidad (CFE) el actor preponderante en el sector.
La CFE es el único distribuidor de electricidad a los usuarios mexicanos, por lo que las compañías privadas venden la energía que generan a la empresa pública.
Por ello, la iniciativa pone en jaque a muchos sectores. En primer lugar, más de 5.810 millones de dólares en valores en poder de los fondos de pensiones en México estarían en jaque si el Congreso aprueba el proyecto de reforma energética enviado por el López Obrador, según un análisis de la firma estadounidense REDD Intelligence. Los fondos que administran las pensiones invirtieron en proyectos de energía que nacieron con la reforma del sector eléctrico de la Administración federal anterior, misma que el actual Gobierno quiere revertir para dar al Estado el control del mercado.
Asimismo, si la nueva reforma eléctrica es aprobada, el Gobierno debe prepararse para la posibilidad de que Estados Unidos lo arrastre a un choque comercial.
Si el proyecto de ley se aprueba, resultaría en la cancelación inmediata de todos los permisos y contratos de generación de electricidad de empresas privadas, lo cual contraviene el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, por lo que las empresas pudieran acudir a cortes arbitrales.
Es decir, el capítulo de inversiones dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abre la posibilidad de que tanto empresas como el Gobierno estadounidense convoque a paneles de resolución de controversias en caso de que se viole el acuerdo, condición que podría cumplirse bajo los preceptos de la nueva reforma eléctrica.
Una resolución en contra de México no obligaría necesariamente a revertir la reforma, pero el gobierno del país vecino podría poner un revés a la legislación como condición para retirar sus represalias.
Además, la reforma iría en contra de los intereses de varios países europeos y asiáticos con los que se tienen tratados comerciales o acuerdos de inversión.
Así las cosas, se podría decir que, en medio de disputas en el Congreso y en la arena pública, el proyecto es un dolor de cabeza para la iniciativa privada del país, que teme el impacto que este podría tener sobre la inversión.
